Antes de que nadie hubiese oído hablar de la COVID-19, muchos inversores institucionales ignoraban la distinción existente de los activos de infraestructuras privadas de bajo riesgo (los denominados core) y los de alto riesgo. El capital fluía hacia activos a los que, tradicionalmente, se asocia un mayor riesgo debido a sus exposiciones de volumen o requisitos de materias primas (como aeropuertos, puertos, autopistas de peaje, energía, etc.). Algunos, llegaron incluso a decir que dichos activos poseían un perfil de riesgo core. A raíz de ello, muchos inversores esperaban obtener mayores rentabilidades sin asumir un nivel de riesgo excesivo en comparación con los activos de infraestructuras core tradicionales (esto es, los activos con contratos regulados y a largo plazo relacionados con suministros esenciales como el agua, la calefacción y la electricidad); sin embargo, 2020 ha puesto a prueba esta teoría. Con la llegada de los confinamientos a resultas de la pandemia, muchos (si bien no todos) los activos de infraestructuras de alto riesgo experimentaron dificultades en términos relativos, lo cual pone de manifiesto las diferencias de los perfiles de riesgo dentro de esta clase (GRÁFICO 1).

Los efectos que la COVID-19 ha tenido sobre las infraestructuras hasta la fecha han variado en función del tipo de activo y el nivel de exposición de precios

GRÁFICO 1: PARÁMETROS CLAVE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

1A: NIVEL DE USO, AÑO HASTA SEPTIEMBRE DE 2019 FRENTE A 2020 (EE. UU.)

1B: PRECIOS, AÑO HASTA NOVIEMBRE DE 2019 FRENTE A 2020

Fuente: Estadísticas del Departamento de Transportes, AIE, Puerto de Los Angeles, Reserva Federal de St. Louis; datos a 30 de noviembre de 2020, salvo indicación en contrario. * Datos del año en curso hasta julio. ** Datos del año en curso hasta agosto.

La experiencia de 2020 ha reafirmado el papel de la renta variable de infraestructuras core privadas como fuente de diversificación, protección frente a la inflación y tires de menor riesgo y más previsible dentro de las carteras multiactivo. Además, ha marcado el camino hacia la obtención de las oportunidades que 2021 puede plantear. En concreto, en el último año se han hecho patentes los beneficios de integrar en las inversiones en infraestructuras core un enfoque basado en criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) centrado en el buen gobierno y el compromiso de las partes interesadas.

El poder del control y el compromiso de las partes interesadas

En el frente de la gobernanza, es indudable que poseer una participación mayoritaria en una compañía suele proporcionar las herramientas necesarias para gestionar periodos de crisis. En estos casos, el propietario mayoritario puede realizar los ajustes pertinentes y avanzar a la velocidad necesaria. Durante el segundo trimestre de 2020, en el que el tema dominante fue la preparación para las dificultades futuras, las posiciones controladoras permitieron a los inversores trabajar mano a mano con sus empresas y directivas para resolver rápidamente los problemas a los que se enfrentaban. Dicha estrategia resultó ser clave para mitigar el riesgo durante un periodo altamente convulso.

La crisis de la COVID-19 también ha puesto de manifiesto la importancia de obtener el compromiso proactivo de las partes interesadas. Por ejemplo, en las primeras semanas de confinamiento, las empresas de servicios reguladas acordaron no aplicar cortes de suministro a ningún cliente en situación de impago. Esta medida, además de ser la más acertada, fue justo la respuesta que los reguladores buscaban. El compromiso proactivo con clientes y comunidades clave para afrontar los desafíos que se presentaban fue también crucial para las empresas reguladas.

Una transición energética acelerada

En lo que respecta a la «A» dentro del acrónimo ASG, la crisis de la COVID-19 ha impulsado sin duda el enfoque centrado en la transición hacia una economía baja en carbono. A su vez, esto afectará a las inversiones en infraestructuras en los próximos años. Muchos gobiernos (y candidatos a formarlos en el futuro) han lanzado su compromiso con una «recuperación ecológica» y prometido estímulos respetuosos con el medio ambiente para mitigar los efectos de la recesión generada por el coronavirus.

No obstante, solo el tiempo dirá qué tipo de acuerdo son capaces de alcanzar el nuevo Gobierno de Biden y el Congreso en relación con la largamente debatida ley de infraestructuras. Pase lo que pase en Washington, el desarrollo de la capacidad de energía solar y eólica continuará acelerándose. Las empresas de servicios públicos avanzarán paulatinamente de los tradicionales combustibles fósiles a las fuentes renovables como han venido haciendo desde el comienzo de la transición energética en las últimas décadas, con frecuencia apostando por el uso limitado del carbón y la producción no intermitente de gas natural como complemento. La facilitación y aceleración de esta transición seguirá proporcionando oportunidades de inversión. Además, prevemos que serán necesarias inversiones complementarias en sistemas de transporte de electricidad y redes eléctricas públicas.

Oportunidades y riesgos en 2021

¿Cómo podría cambiar el entorno de la inversión en infraestructuras en el próximo año y cuáles son los riesgos que amenazan nuestras previsiones? Se espera que, por su propia naturaleza, las inversiones en infraestructuras core privadas evolucionen con una relativa independencia del ciclo, dado que representan servicios esenciales. En caso de que, tras la COVID-19, se produzca el fuerte crecimiento económico y la recuperación sustancial de los activos de riesgo que se prevé, es probable que las infraestructuras core privadas se beneficien relativamente menos que otros activos. Sin embargo, esto encajaría a la perfección con los objetivos de diversificación de la clase de activos y la menor detracción relativa que pudo observarse en ella durante la crisis del coronavirus. Es preciso recordar también que las infraestructuras son una clase de activos sensible a la inflación que ofrece la posibilidad de participar en las ganancias debido a la estructura subrogable de muchos contratos. A medida que la recuperación económica vaya creando niveles de inflación más normalizados, será más positivo para la rentabilidad de la clase de activos.

Ni que decir tiene que esperamos que las políticas monetarias altamente expansivas mantengan las tires de los bonos en niveles extremadamente bajos, al menos a corto o medio plazo. Puesto que los inversores han pasado una mala época en lo que concierne a la obtención de rentas, creemos que el tir relativamente atractivo que ofrecen las infraestructuras las hará destacar sobre otras clases. De hecho, son cada vez más los inversores enfocados en la obtención de tires que asignan sus recursos a infraestructuras privadas. Incluso en el caso de que las tires de los bonos se incrementasen, la mayor rentabilidad disponible en las infraestructuras debería proporcionar un cierto colchón, especialmente si las subidas de tipos van acompañadas de un aumento de la inflación.

Los inversores no estadounidenses (especialmente los radicados en Australia, Canadá, Europa, Japón y Reino Unido) accedieron a la inversión en infraestructuras core privadas en una fase precoz debido a que siguieron invirtiendo, pese a disponer de una menor cantidad de opciones dentro de la renta fija. En cierta medida debido a, por un lado, los efectos de la COVID-19 sobre las inversiones en infraestructuras de mayor riesgo y, por el otro, los bajos niveles de los tipos, recientemente hemos observado un incremento de los flujos procedentes de inversores estadounidenses hacia las infraestructuras core. Al igual que pasó con los activos inmobiliarios hace 20 o 30 años, las infraestructuras core privadas se están convirtiendo rápidamente en un componente estándar en las asignaciones de activos de los inversores institucionales.